El compromiso con el respeto y la promoción de los Derechos Humanos es una premisa de actuación empresarial en el desarrollo de todos los proyectos que adelanta la organización. El abordaje institucional para el tema, cuyo marco es la política institucional de Derechos Humanos y los lineamientos que la complementan, proporciona una base sobre la cual cada dependencia responsable de la ejecución del proyecto define prioridades y líneas de actuación, en razón de las necesidades identificadas en el entorno a través del relacionamiento con los grupos de interés.
Con este fin, cada vez que se inicia la construcción de un proyecto de infraestructura que conlleva una intervención con impactos significativos, EPM adelanta una evaluación para definir estrategias de tratamiento puntuales frente a los riesgos identificados en los territorios impactados. En proyectos cuya construcción se prolonga de manera considerable en el tiempo, las evaluaciones se realizan periódicamente con el fin de mantener actualizados los riesgos.
Gestión en 2015
EPM coordinó la gestión para la restitución integral de las condiciones de vida de la población afectada en Ituango, en la cual participaron la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Cultura y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En el proyecto Nueva Esperanza, por su parte, se implementaron los criterios para la valoración económica de la afectación a las familias ubicadas en las fajas de servidumbres.
El Proyecto Hidroeléctrico Ituango que construye EPM en el Norte de Antioquia es en la actualidad el más grande del país. Está localizado a 171 km de la ciudad de Medellín, entre el municipio de Santa Fe de Antioquia, al Sur, y el río Ituango, al Norte. Las obras principales están sobre la margen derecha del río Cauca. Terminada la construcción en 2018, la central tendrá 8 unidades de generación y 2,400 megavatios de potencia.
El proyecto dinamiza de manera importante la economía de los municipios de influencia y fundamentalmente Ituango, San Andrés de Cuerquia y Toledo, donde se construyen las principales obras con la compra de bienes y servicios y la generación de empleo directo e indirecto. Por la complejidad y dimensión del proyecto, EPM ha venido desarrollando estudios de riesgos socio-políticos en los que se incorporan los aspectos relacionados con Derechos Humanos, con el fin de identificar los factores críticos en la materia. A partir de los riesgos identificados se diseñó el Plan de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para el proyecto, el cual establece las líneas de actuación en la materia.
Ante solicitud adelantada por EPM para impulsar procesos de búsqueda y exhumación de restos humanos sin identificar en las zonas del proyecto, la Fiscalía General de la Nación desarrolló en 2015 dos diligencias de exhumación en la comunidad de Barbacoas, municipio de Peque, departamento de Antioquia, donde por razones humanitarias los habitantes han sepultado cuerpos arrastrados por el río Cauca y donde hay cuerpos de personas fallecidas de forma violenta por grupos armados al margen de la ley. Las diligencias se llevaron a cabo en el cementerio de esta comunidad y en las playas El Terrón, Cepe, El Fardo, Boquerón, Nosuba y El Saibón.
Durante 2015 se concertaron medidas de manejo con 59 familias y 297 mineros, en relación con el tipo de reasentamiento, diseños de vivienda y proyectos productivos. También se implementó el programa de acción integral contra minas antipersonal (MAP), MUSE y AEI en tres componentes: 1) Educación en el riesgo de minas para la comunidad en los 5 municipios que presentan mayor afectación por minas: Ituango, Yarumal, Valdivia, Briceño y San Andrés de Cuerquia, 2) Rehabilitación física y psicosocial de víctimas de minas y sus familias, 3) Dotación de equipos para desminado de emergencia. En total se capacitaron 1,500 personas.
Como parte de la intervención del proyecto, se ejecutó la estrategia de atención sicosocial a víctimas que hayan sufrido algún tipo de victimización, brindando atención individual, grupal y familiar. Adicionalmente se realizaron talleres grupales que promueven la reconstrucción de la memoria histórica. En total participaron de las actividades 6,339 personas en representación de 500 familias.
Asimismo, desde el proyecto se implementó una estrategia de prevención de trata de personas en los municipios de influencia, que se ejecutó a través de un convenio de asociación con la corporación Espacios de Mujer. A 2015 se realizaron 12 talleres de asistencia técnica a instituciones locales y 12 a la comunidad, con un total de 612 participantes.
En materia de debida diligencia en la adquisición de predios del proyecto, se realizó un convenio de colaboración con la Superintendencia de Notariado y Registro y la Dirección de Sistemas de Información y Catastro de la Gobernación de Antioquia, y se conformó una mesa técnica para el análisis de los casos respectivos.
Proyecto Nueva Esperanza
Este proyecto forma parte del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y tiene como objetivo aumentar la capacidad de transporte de energía y la confiabilidad del sistema eléctrico para Bogotá, Cundinamarca, Norte del Tolima, Meta y Guaviare. Comprende la construcción de una línea de 500 mil voltios, otra a 230 mil voltios y una subestación de transformación 500/230 kV, que fue adjudicada a EPM por la UPME mediante convocatoria pública.
En 2015 se culminó el proceso de socialización de las licencias ambientales y planes de manejo ambiental en los 21 municipios y 94 veredas de influencia del proyecto, al tiempo que se inició el proceso de concertación para el traslado de 11 familias ubicadas en la faja de servidumbre, para garantizar de esta forma la restitución de sus condiciones de vida.
Como parte de la estrategia de respeto por los derechos de las personas impactadas por el proyecto, se pusieron en funcionamiento cinco oficinas de atención a la comunidad, a través de las cuales se reciben las quejas y reclamaciones de los habitantes para adelantar el proceso de estudio y respuesta.
Minorías étnicas
Como parte de la gestión en Derechos Humanos, en los casos en los que la autoridad encargada certifica la presencia de comunidades étnicas en las zonas en las que se desarrollan los proyectos, se activa un protocolo que está reglamentado por ley para garantizar el respeto por sus costumbres y culturas. En esta materia se puede mencionar que a través de la Certificación 657 del 14 de mayo del 2015, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior certificó que el Cabildo Indígena Nutabe de Orobajo no es objeto de consulta previa en el marco del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, y que el Cabildo no tiene el reconocimiento ni el registro como comunidad indígena por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías del Ministerio del Interior.
Durante el 2015 no se registraron incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas en las operaciones de EPM.
Asimismo, en el área de influencia del Parque Eólico Jepírachi en la Alta Guajira, en el año 2015 se adelantaron diversas gestiones concertadas con la comunidad Wayuu, entre las que se destacan la firma de un convenio con Corpoguajira para la instalación de tres soluciones de agua (aerodesalinizadores) en zonas de proyectos, el convenio SENA (fortalecimiento a las comunidades Arutkajui y Kasiwuoluin) y la articulación con la Vicepresidencia de Aguas EPM (acueductos veredales y CET aguas para la recuperación de la planta desalinizadora y formación de las comunidades para el esquema de sostenibilidad).